La escena vuelve a repetirse: tarifazos anunciados desde los escritorios y cortes de luz en el territorio, sin explicaciones claras ni sanciones visibles. En esta oportunidad, la interrupción del servicio afectó a localidades como Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Alberdi, La Cocha y zonas aledañas, dejando a miles de usuarios sin energía en plena tarde.

Según informó EDET, a las 15.10 quedó fuera de servicio la línea de transporte en alta tensión “Independencia–Agua Blanca”, lo que provocó la salida de funcionamiento de las estaciones transformadoras Agua Blanca, Aguilares y Villa Quinteros. El servicio recién fue restablecido alrededor de las 15.43, tras más de media hora de interrupción.

Lo llamativo es que, mientras los usuarios padecían el corte, Ascárate defendía públicamente el incremento tarifario, aclarando que el 20% de suba en el precio de la energía se traducirá en aproximadamente un 10% más en la boleta final. Un ajuste que llega sin mejoras visibles en la calidad del servicio.

Desde el Ersept se insiste en que el aumento es un “pass-through” y que el dinero no queda en manos de la distribuidora. Sin embargo, para los usuarios el resultado es siempre el mismo: facturas más caras y un sistema eléctrico frágil, con cortes reiterados y escasa inversión estructural.

A esto se suma el fin del esquema RASE y la implementación de un nuevo sistema de subsidios más restrictivo, que reduce los topes de consumo subsidiado y deja afuera a miles de familias por criterios patrimoniales cada vez más duros. En la práctica, menos subsidios y tarifas más altas, incluso para hogares de ingresos medios.

El propio Ascárate reconoció en declaraciones recientes que los problemas más graves se concentran en el sistema de transporte de energía, bajo responsabilidad de Transnoa y del ente nacional. No obstante, las consecuencias las pagan los tucumanos, no las empresas.

Mientras tanto, el ente regulador provincial sigue sin mostrar un rol activo de control, sanción o exigencia concreta frente a una distribuidora que acumula reclamos, cortes y malestar social. Para muchos usuarios, Ascárate aparece más como un defensor técnico del esquema tarifario que como un garante de los derechos del consumidor.