El Gobierno nacional prepara la presentación de dos iniciativas legislativas centrales para la segunda etapa de su gestión: una reforma laboral y una reforma impositiva. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que ambos proyectos serán los primeros en ser sometidos al debate en el Congreso y señaló la intención oficial de buscar consensos con distintos sectores parlamentarios y sociales.

Francos explicó que la convocatoria al diálogo y el resultado electoral recientes habilitan al Ejecutivo a avanzar con mayor fuerza política. «Valoramos mucho el mensaje del pueblo argentino«, afirmó, y añadió que el Presidente dio indicaciones claras en ese sentido. Según el funcionario, la intención es presentar las propuestas en diciembre y abrir instancias de debate con los actores involucrados para que las iniciativas puedan votarse en el Congreso.

En relación con la composición de la Cámara, Francos destacó que el bloque oficial pasó a ser la fuerza más numerosa y que eso modifica la posición negociadora del Gobierno: «No es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico«. Sin embargo, subrayó que la estrategia será buscar acuerdos y consensos, y remarcó que en el espectro de diputados que no se identifican con Pro ni con LLA hay parlamentarios con los que se comparten más coincidencias que diferencias.

Respecto al diálogo con la oposición, el jefe de Gabinete retomó el mensaje presidencial sobre la importancia de mantener la conversación institucional. A su vez, envió un mensaje directo al kirchnerismo: consideró que la oposición debe interpretar el reciente mensaje electoral y aprender de él para que la democracia ingrese en una etapa de mayor madurez y diálogo.

Sobre el contenido de la reforma laboral, hasta ahora se conocen pocos detalles oficiales. La propuesta —diseñada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero— anticipa un reordenamiento del sistema de referencia salarial. Fuentes del Ejecutivo mencionaron la figura de los «salarios dinámicos«: la iniciativa buscaría cambiar la lógica de los convenios colectivos, de modo que las escalas salariales dejarían de constituir pisos inamovibles y pasarían a operar como techos de referencia. Este giro implicaría, en la práctica, mayor flexibilidad para adecuar salarios según distintos indicadores y acuerdos sectoriales.

El anuncio plantea interrogantes centrales que se prevé serán objeto de debate en las instancias previas a la presentación formal: cómo se definirán los parámetros de ajuste salarial, qué mecanismos de negociación y control se estipularán para proteger derechos laborales, de qué manera se articulará la nueva regla con la negociación colectiva existente y qué impacto tendrán estas modificaciones sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y la competitividad de las empresas.

En términos fiscales, la reforma impositiva que el Ejecutivo pretende incluir en la agenda también anticipa cambios con impacto distributivo y económico, aunque hasta el momento no se han difundido detalles concretos sobre su alcance. La pretensión gubernamental de encarar ambos proyectos en simultáneo indica una apuesta por modificar reglas laborales y tributarias como ejes para impulsar la gestión en la etapa que comienza.

Las próximas semanas serán clave para conocer el instrumento normativo definitivo, el grado de consenso que se logre con sindicatos, cámaras empresarias y fuerzas políticas y el cronograma legislativo que el Ejecutivo propondrá para su tratamiento. El modo en que se articulará el diálogo y las garantías institucionales que se acuerden determinarán el alcance político y la viabilidad de reformas que, de aprobarse, implicarían cambios significativos en la regulación laboral y el esquema tributario del país.